Desalojo centro historico-vf

FESPAD a la comunidad nacional e internacional, ante las acciones del Alcalde de
San Salvador que llevaron al desalojo de las y los vendedores del centro histórico.
I. Antecedentes.
El conflicto armado, pero principalmente el proceso de desestructuración del aparato productivo iniciado con las políticas de corte neoliberal, que han llevado a desmontar la capacidad de economía salvadoreña de generar empleos decentes y estables, junto al abandono del sector agropecuario, con la consiguiente pérdida de la capacidad de producir nuestros propios alimentos, trajeron consigo una acelerada migración de la población buscando el “sueño americano”, pero también la migración, hacia los centros urbanos del país, especialmente, al área metropolitana de San Salvador, de fuertes contingentes de población procurando insertarse en la vida económica y social de las urbes, en una realidad en la cual los gobiernos promueven la precarización del empleo como uno de los incentivos a la iniciativa privada para estimular el crecimiento económico. A esto se suman las consecuencias del ajuste estructural y de la privatización de los activos del Estado, con el consecuente desempleo para las y los empleados públicos. Esta realidad es la que ha traído como consecuencia la proliferación de las “ventas informales” en el centro de San Salvador y en general, en todas las cabeceras departamentales del territorio nacional; en la medida que aumenta el desempleo y la marginación social, que han sido propias de las políticas económicas de los últimos gobiernos, aumenta exponencialmente el mercado informal. Es decir, este tipo de comercio, tiene causas estructurales. El resultado, desempleo generalizado y la decisión de una población cada vez más creciente de dedicarse a cualquier actividad para sobrevivir, generando altas tasas de trabajadores sub empleados1 en condiciones de precariedad salarial y negación de la seguridad social. II. El desalojo y los actos de vandalismo.
El alcalde municipal de San Salvador, ahora candidato a presidente de la República, hizo como una de sus principales ofertas de campaña electoral, el ordenamiento del centro histórico de la capital; esta es una tarea emprendida por todos los gobiernos municipales, que no la han logrado concretar en atención a las causas estructurales que han generado el mismo. El alcalde desde el inicio de su mandato ha emprendido un plan de desalojos, privilegiando el orden, el ornato, la estética y el paisaje, a los “El empleo decente es un privilegio del que goza menos del 20% de la población económicamente activa. Dividida esta de acuerdo con las distintas formas de inserción laboral, este sería el único segmento poblacional con un índice de desarrollo humano alto. Para el 80% restante, obtener un mejor empleo o encontrar uno que sea productivo, higiénico, seguro, bien remunerado y protegido con redes de seguridad social continúa siendo una de sus aspiraciones insatisfechas. ” PNUD- Informe Desarrollo Humano-El Salvador 2007-2008 derechos humanos de niñas, niños, mujeres y hombres, que viven y sobreviven de su trabajo en el centro histórico de San Salvador. En FESPAD estamos en total acuerdo en el ordenamiento del Centro Histórico, es un espacio público al cual tenemos derecho todas y todos los ciudadanos; pero esta aspiración, no se puede sobreponer a los derechos humanos de miles de personas que obtienen su sustento y el de su familia de vender en el centro de San Salvador. Sin duda, hay una colisión de derechos, el de las y los ciudadanos en abstracto al espacio público, a una ciudad ordenada, a un paisaje citadino que nos permita enorgullecernos de vivir en la capital, frente al derecho al trabajo, a la alimentación adecuada y al derecho a vivir en condiciones mínimas de dignidad, de las personas que venden en el centro de San Salvador; un funcionario con una mínima sensibilidad social, define que ante esta colisión de derechos, debe privilegiar cumplir aquellos que tengan que ver con la posibilidad a la vida de las personas y la satisfacción de sus derechos económicos y sociales. En todo caso, el ordenamiento del centro histórico es procedente, sí y solo sí, se cuenta con un plan consensuado, real y actual, de solución a la falta de trabajo o de otras fuentes generadoras de los ingresos necesarios para la sobrevivencia de todos estos grupos familiares, que hoy por hoy, están sin alternativa alguna a la alimentación de sus hijas e hijos. No obstante, el alcalde Norman Quijano, obviando las medidas cautelares2 dictadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por las que le mandaba abstenerse de realizar el desalojo, procedió con lujo de barbarie y prepotencia, al desalojo de los puestos de trabajo y comercio de cerca de 1000 vendedores/as del centro de San Salvador, con el apoyo del Cuerpo de Agentes Metropolitano -CAM- y de la Policía Nacional Civil -PNC-. Sin duda que en el desalojo hubo actos vandálicos, pero estos fueron generados por el fuerte contingente represivo del CAM, PNC, 80 camiones, 40 tractores y la participación de 4000 empleados municipales, desalojando. La reacción de las y los vendedores no fueron más que actos de legítima defensa ante la agresión ilegítima a su fuente de ingresos, la que debían defender pues es la única opción que les garantizaba la alimentación y vida digna para sus grupos familiares. III. Derechos humanos violados.
Nos encontramos ante una realidad en la cual, un funcionario público, con base en una ordenanza municipal3 que ni siquiera prohíbe las ventas en el espacio público, nada más define su regulación, publica una notificación especial en diferentes medios de comunicación, dando a conocer la decisión de desalojar del espacio público a las y los vendedores que lo están utilizando; citó y emplazó a todas las y los vendedores ubicados en un determinado perímetro, para que en un plazo determinado, presentaran el permiso correspondiente para utilizar el espacio para el comercio; de no hacerlo, advirtiendo el retiro de la mercaderías, bienes y muebles, así como el desmontaje de las estructuras. Amenaza que se concretó tal como se ha expresado antes; en esta realidad, el señor Alcalde Municipal y su Concejo, han violentado por lo menos las garantías y derechos siguientes: a) El debido proceso administrativo: Regulado en el art. 11 de la Cn. y que establece que ninguna Resolución de 16 horas del 26 de octubre de 2012. ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. Acuerdo Municipal No. 4, de 20-04-07, D.O. persona puede ser privada de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; la ley primaria hace referencia a leyes material y formalmente válidas, no a ordenanzas municipales. Hay jurisprudencia constitucional a este respecto. La publicación periodística, no llena los estándares mínimos de un procedimiento administrativo, regulado en la ley y en la misma ordenanza. b) El derecho al trabajo. Pues se les ha cerrado a las y los vendedores desalojados su fuente de ingresos; se niega al trabajador y su familia las condiciones económicas de una existencia digna, tal como lo regula el art. 37 inc. 2o. de la Cn. c) El derecho a la alimentación adecuada: El Comité de Derechos Económicos y Culturales de la Organización de Naciones Unidas -ONU- dice que “Se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.” Un derecho humano indiscutible, no obstante que en nuestro país no tiene reconocimiento constitucional; es la condición sin la cual, la persona no puede tener acceso a otros derechos. Es una responsabilidad del Estado, no proveer la alimentación, sino generar condiciones para que la persona los produzca o para que pueda tener acceso digno a ellos. d) El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, pues se ponen en riesgo ante la falta de ingresos para poder sufragar su goce. e) El derecho a la propiedad privada, art. 2 Cn. pues se destruyó instalaciones humildes si se quiere, de propiedad ajena, que debieron respetarse, en tanto las y los vendedores no hubieran sido vencidos en juicio. f) La protección contra desalojos forzosos establecida por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Art. 11 y la Observación General No 7 del Comité DESC de Naciones Unidas, que ha señalado que el desalojo forzoso y el derribo de estructuras como medida punitiva son también incompatibles con las normas del Pacto. IV. Ante los graves acontecimientos relacionados FESPAD:
1. Denuncia la arbitrariedad con la que ha actuado el Alcalde Municipal de San Salvador, al violentar los derechos humanos de cientos de salvadoreños/as en irrespeto de normas constitucionales, de Tratados Internacionales y de leyes secundarias expresas. 2. Censura que en la intervención del CAM se haya hecho amplio uso de la fuerza, lanzando balas de goma y gas lacrimógeno a las personas que protestaban, entre las cuales se encontraban niños, niñas y personas adultas mayores. Aunque pueda argüirse y evidenciarse, que hubo actos de provocación, su falta de capacidad e idoneidad para atender situaciones críticas contribuyó al violento desenlace. 3. Censura la participación de la PNC en acciones violatorias de derechos humanos de la población; participación que obedeció a un simple requerimiento de un funcionario, sin base legal para hacerlo. Es importante que se revisen los protocolos de intervención del cuerpo policial, pues se está prestando a participar en actos que carecen de ordenes legítimas para actuar. 4. Lamenta la clara vulneración a los derechos de las mujeres que luchan diariamente por su propia subsistencia y la de sus grupos familiares, muchas de ellas en condición de jefas de hogar. Esto pone de evidencia la vulneración a sus derechos humanos en materia de igualdad de acceso a fuentes de trabajo. 5. Preocupa la invasión de funciones por parte del alcalde de San Salvador, al asumir como suya la responsabilidad de erradicar del centro histórico la criminalidad, con desalojos masivos; no es su competencia, ni lo son los procedimientos para el combate serio al delito. 6. Reconoce que la oposición al desalojo presentada por las personas afectadas está basada en la necesidad de supervivencia, debido al incumplimiento generalizado y sistemático de sus derechos económicos, sociales y culturales, DESC. 7. Reconoce la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por su oportuna y permanente intervención, buscando impedir violación a la dignidad de las personas.
Por lo anterior, FESPAD, demanda:
1. Al Órgano Ejecutivo a abstenerse de apoyar actos de funcionarios que violentando normas fundamentales, traen consigo violaciones masivas de derechos humanos de la población. Más bien su interés fundamental debería estar en tomar en serio el superar sus déficit en cumplimiento de los DESC. 2. Al Alcalde Municipal de San Salvador, el total apego a los mandatos de la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, evitando la violación de los derechos humanos de la población. La autonomía municipal no le exonera del sometimiento al orden jurídico establecido. A abstenerse de criminalizar a la población vendedora, sin tener en cuenta la presunción de inocencia y los procedimientos establecidos en estos casos. 3. A la Fiscalía General de la República, a cumplir su mandato constitucional, realizando las investigaciones pertinentes sobre la comisión de posibles ilícitos en el actuar del Alcalde de San Salvador, el director del CAM y el director de la PNC, u otros, en el marco del desalojo y los disturbios y deducir sin temor alguno, las responsabilidades pertinentes. 4. A la Asamblea Legislativa, que proceda a citar al Alcalde Municipal de San Salvador y su Concejo, para que expliquen la base legal del conflicto generado y el grave atropello a los derechos humanos de las y los vendedores. A la comunidad nacional e internacional, un llamado a estar atenta y exigente del respeto de los derechos humanos de las y los salvadoreños; no se puede admitir el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo de funcionarios que en total irrespeto a la dignidad de las personas pasen por alto los mandatos constitucionales y las luchas históricas de este pueblo, que tuvo que ir a un conflicto armado para demandar un camino de solución a las causas estructurales, que están a la base de esta realidad; un compromiso todavía pendiente por parte de quienes detentan poder político y económico en El Salvador.

Source: http://www.contrapunto.com.sv/documentosite/DESALOJO-CENTRO-HISTORICO-291012-SAN-SALVADOR.pdf